Un estudio realizado por la AECID aporta un examen exhaustivo de los aspectos sociales y medioambientales de la legislación de contratos públicos en siete países de la zona

Autor: Luis Sánchez Torrente

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El objetivo de desarrollar unas infraestructuras sostenibles, amigables con el medio ambiente y sensibles hacia las comunidades que las albergan, no es únicamente una cuestión de innovación tecnológica o de diseño por parte de planificadores y empresas ejecutantes, sino que ha de venir acompañado de serios compromisos a nivel institucional y legal. La inclusión de criterios de sostenibilidad y de responsabilidad social en los procesos de contratación pública, y en particular respecto a grandes proyectos de inversión pública, es una tendencia cada vez más asimilada en los ordenamientos jurídicos de países en vías de desarrollo y de renta media, a la vez que objeto de prácticas ya consolidadas en procesos de licitación internacional. En este sentido, la región de América Latina y el Caribe se ha destacado por una creciente inclusión de elementos de diseño, requisitos legales y actividades complementarias a la construcción de infraestructuras, que tratan de dar respuesta a importantes cuestiones relacionadas con el impacto de los proyectos, pero también a problemas subyacentes relacionados con la degradación ambiental, el cambio climático o la vulnerabilidad social. Por tanto, no se trata únicamente de dotar a las infraestructuras de elementos mitigantes respecto a sus posibles impactos negativos, sino de sumar a su fin primordial otras funciones y características que contribuyan al proceso de desarrollo sostenible en su región de influencia.

Sin embargo, es evidente que nos encontramos ante un proceso creciente aunque en fase incipiente de desarrollo y que a la hora de encontrar prácticas consolidadas en la región existe una gran disparidad, tanto en la frecuencia como en el alcance de las mismas. Con el objetivo de arrojar luz sobre éste y otros muchos aspectos, la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, en colaboración con la empresa de ingeniería y consultoría Eptisa, ha desarrollado uno de los principales ejercicios diagnósticos en la materia, a través de la publicación del “Estudio sobre los Requisitos Sociales y Medioambientales en Licitaciones Públicas de América Latina y el Caribe”. El documento no sólo aporta un examen exhaustivo de los aspectos sociales y medioambientales de la legislación de contratos públicos en siete países de la zona (México, Colombia, Perú, Bolivia, Nicaragua, Guatemala y República Dominicana), sino que además se analizan las prácticas más habituales en este ámbito, a través del estudio pormenorizado de una muestra de 63 pliegos de licitación de infraestructuras de diversa naturaleza y envergadura.

Los proyectos pertenecientes a los sectores de energía, industrias extractivas e hidrocarburos cuentan de media con un mayor número de cláusulas de tipo social y ambiental.

Una de las cuestiones que con mayor detalle se han analizado en el estudio es precisamente la caracterización de los proyectos más proclives a incorporar contenidos sociales y ambientales, más allá de las obligaciones legales estándar, lo cual implica importantes responsabilidades por parte de las empresas licitadoras y adjudicatarias. Así, se ha observado que dentro de la muestra de 63 pliegos de licitación, los proyectos pertenecientes a los sectores de energía, industrias extractivas e hidrocarburos cuentan de media con un mayor número de cláusulas de tipo social y ambiental, mientras que en proyectos relacionados con la edificación o el agua y saneamiento estas cuestiones tienden a ser reguladas con menor intensidad. El sector de transporte, una de las tipologías de infraestructuras con mayores potenciales impactos negativos, cuenta igualmente con importantes contenidos encaminados a su mitigación dentro de los proyectos examinados. Otro aspecto que a la luz del estudio ha resultado ser influyente en el carácter socio-ambiental de las licitaciones es la existencia de fuentes internacionales de financiación, dado que en proyectos financiados exclusivamente con recursos nacionales la presencia de este tipo de cláusulas es cerca de un 20% menor. Este hallazgo no debiera resultar sorprendente a la vista del importante papel impulsor de los organismos multilaterales de cara a la inclusión de políticas de salvaguarda y mitigación de impactos, sobre todo durante las dos últimas décadas.

El lector se preguntará, no sin acertado criterio, acerca del papel que el tamaño y alcance de los proyectos juega a la hora de determinar su carácter social y ambiental, y es aquí donde el estudio arroja una de las conclusiones más interesantes. Como es de esperar, la correlación entre el presupuesto de los proyectos y el contenido socio-ambiental del mismo (medido a través del número de cláusulas de esta naturaleza en los pliegos de licitación) es claramente positiva, lo cual implica que a mayor potencial impacto negativo, mejor la respuesta de mitigación.  Igualmente destacable es el hecho de que las licitaciones promovidas por administraciones de ámbito nacional son claramente más proclives a incluir este tipo de aspectos que las auspiciadas por entes locales o regionales, lo cual aporta una posible directriz a la hora de transversalizar la cultura de compras públicas sostenibles en la región.

Por tanto, de acuerdo a los resultados del estudio de la AECID, la radiografía de un proyecto de infraestructuras sostenibles tipo en la región en el que se incluyen cláusulas socio-ambientales  arrojaría un proyecto de gran tamaño, del ámbito energético/extractivo o transportes, financiado con fondos externos, y promovido por una administración del ámbito nacional. Ni que decir tiene que ésta se trataría de una caracterización preliminar que poco aportaría en cuanto a la proporcionalidad y adecuación de los requisitos de la licitación de cara a mitigar los potenciales impactos. Y si bien es cierto que el estudio no pretende ser una evaluación exhaustiva de cada uno de los proyectos examinados, éste aporta herramientas, datos e información que permiten comprender el alcance y la forma en que los aspectos de sostenibilidad están poco a poco convirtiendo la inversión pública en una acción integral de lucha contra la pobreza, el cambio climático y la degradación medioambiental.

La recopilación de cláusulas ilustrativas, el análisis pormenorizado de la legislación de contratos públicos, o la caracterización de los tipos de regulación en cada uno de los siete países son algunos de los aspectos incluidos en el estudio y que complementan este retrato robot de las infraestructuras sostenibles en la región. Con ello no sólo se pretenden facilitar y promover el intercambio de conocimiento entre las administraciones responsables, sino también proporcionar información a las empresas acerca de una tendencia global que requerirá mayores cotas de responsabilidad y unos servicios más adaptados a la realidad social y medioambiental de los países en los que operan.

Enlace para consultar el estudio completo: http://www.aecid.es/ES/cultura/Paginas/Publicaciones/Coop_Espanola/Colecci%C3%B3n-Empresa-y-Desarrollo.aspx

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