Los Contratos de Desempeño Medioambiental permiten fijar un compromiso entre tres actores clave en la lucha para una sociedad eco-responsable: el ciudadano, el gobierno y la empresa.

Autor: Yves Garenne

Fábrica

El siglo 21 tiene de particular que arroja luz sobre nuevos elementos con respecto al impacto medioambiental de nuestra sociedad capitalista. La ciencia ha validado las hipótesis según las cuales la actividad humana perjudica la sostenibilidad de los ecosistemas: 6ª gran extinción de la biodiversidad, efecto invernadero y cambio climático, subida del nivel de los océanos, derretimiento de glaciares milenarios, desaparición masiva de las abejas. Los gobiernos buscan nuevas legitimidades para hacer frente a las interrogaciones de una población cada vez más educada sobre estos temas y muy escéptica en cuanto a la independencia de los responsables de decisiones políticas. Los emprendedores y responsables de organizaciones empiezan a integrar los impactos medioambientales en sus balances de manera muy marginal, y a asimilar métodos de evaluación de estas externalidades. El acuerdo de París (COP21) ha mostrado que un entendimiento es ahora posible sobre algunos elementos.

Esta visión global sólo podrá traducirse a través de la implementación práctica donde cada parte interesada tenga la posibilidad de implementar lo que depende de su responsabilidad. El consumidor se vuelve consum-actor exigiendo más transparencia sobre los productos que compra. Los gobiernos que  optan por un endurecimiento del marco normativo y de la legislación pueden llegar a asfixiar una parte importante del tejido económico que tiene que luchar por su supervivencia. Los empresarios más vigilantes y más visionarios entienden que una ausencia de consideración de los desafíos medioambientales perjudica el desarrollo de la empresa y al conjunto de la cadena de valor.

Este conjunto de desafíos aparentemente contradictorios lleva a una apreciación más adecuada del avance necesario hacia compromisos adicionales con efecto de palanca. Para ser más precisos, una política contractual parece que este surgiendo entre los  3 actores: el ciudadano, los gobiernos y las empresas. El primer elemento de compromiso aceptable se concretiza mediante “contratos de compromisos mutuos” entre una administración y un empresario o una red de empresas.

Existe ahora una concienciación en cuanto a la necesidad de privilegiar las empresas firmemente involucradas en el “desempeño medioambiental” en lugar de movilizar valiosos recursos de asesoramiento para penalizar las menos responsables.

Existe ahora una concienciación en cuanto a la necesidad de privilegiar las empresas firmemente involucradas en el “desempeño medioambiental”.

Sin embargo, los frenos psicológicos persisten. La administración tiene como costumbre controlar en vez de acompañar, y las empresas suelen privilegiar el desempeño económico en detrimento de los resultados medioambientales.

La traducción de estos compromisos se incorpora progresivamente al marco normativo y jurídico. La voluntad de la administración es de acompañar a las empresas deseosas de comprometerse más firmemente con un mayor desempeño medioambiental. Así, a mediados de los años 2000, una cantidad relevante de Contratos de Desempeño Medioambiental (CDM) fueron experimentados.

En el caso de Argelia, una evaluación de estos primeros CDM ha tenido lugar en Abril 2016 en el marco del programa PAPSE[1], y ha permitido confirmar el interés de las empresas por este enfoque. Los 3 ministerios interesados por la temática medioambiental (Ministerio de los Recursos en Agua y Medioambiente, Ministerio de Energía y Ministerio de Industria) han igualmente demostrado un gran interés por continuar en la vía de la contractualización.

Por tanto, una nueva versión de los Contratos de Desempeño Medioambiental de 2ª generación va a ver la luz. Están basados en la conclusión de compromisos mutuos entre la administración y las empresas. Todos los CDM tendrán una base común con el cumplimiento normativo, en particular en relación con los residuos, así como la implementación de un “cuadro de mando del desempeño medioambiental”, y una base opcional relacionada con temáticas tales como la energía, la eco-concepción, la biodiversidad o bien el agua, los gases con efecto invernadero y la relación salud-medioambiente. Como garantía de su buena voluntad, la administración cumplirá el primer compromiso que le corresponde para hacer constar el comienzo de sus contratos. Ha resultado igualmente necesario ofrecer al mundo universitario la posibilidad de colaborar con los CDM.

Con estas medidas, el objetivo de la administración es mejorar el cumplimiento normativo, constatar una diminución de impactos medioambientales negativos y, por tanto, reducir los costes asociados para la comunidad.

El interés para una empresa es simplificar el cumplimiento, concretamente mediante la auto-declaración, beneficiarse del asesoramiento de poderes públicos, poder innovar integrando el medioambiente, acceder más fácilmente a fondos ad-hoc e integrar poco a poco la Responsabilidad Social Corporativa.

Una relación mutuamente beneficiosa es posible.

 

[1] Programa de Apoyo al Sector del Medioambiente implementado en Argelia y cuya asistencia técnica está llevada a cabo por un consorcio liderado por la empresa Eptisa.

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