Décadas de evolución en el sector nos muestra que las cuestionables prácticas del pasado podrían convertirse en oportunidades de desarrollo para las poblaciones afectadas.

Autor: Luis Sánchez Torrente

Reschen

Quien haya tenido la oportunidad de contemplar la estampa de un pantano azotado por los estragos de la sequía, habrá experimentado la agónica sensación de dependencia y vulnerabilidad que nos vincula al agua. La necesidad de retener y controlar corrientes no es el producto de la revolución energética tras la invención de la generación hidroeléctrica, sino que ya desde las más antiguas civilizaciones el hombre ha demostrado la capacidad de alterar su curso con fines de abastecimiento, regadío e incluso bélicos. Pero cuando estos esfuerzos se vuelven infructuosos ante eventos de escasez extrema, la poderosa imagen que emerge de los fondos de los pantanos nos devuelve otra realidad igualmente sobrecogedora y en ocasiones olvidada: la historia de miles de poblaciones inundadas, y la de millones de personas que se vieron obligadas a abandonar sus lugares de origen en aras del interés público. Aprovechadas en ocasiones como reclamo turístico, las ruinas de poblaciones sumergidas no son solo el testimonio de la historia de los pueblos que los acogían, sino también de sus instituciones y de los modos de proceder ante infraestructuras capaces de modificar para siempre paisajes y formas de vida. Un modo de proceder, que a lo largo de las últimas décadas ha evolucionado hacia posicionamientos cada vez más sensibles con el medio ambiente, pero también con las necesidades de la población afectada, sus formas de vida y los principios que han de regir en una adecuada política compensatoria.

Pero no siempre es necesario acudir a las hemerotecas para hacerse eco de cuánto ha evolucionado la gestión social de grandes proyectos, sino que iniciativas a día de hoy en estado de planificación traen consigo un largo proceso histórico que así lo atestigua. Y esto es posible debido al enorme lapso de tiempo que en ocasiones puede transcurrir desde la primera conceptualización de una presa hasta su efectiva puesta en marcha, especialmente cuando el proyecto ha sido abandonado y recuperado en diversas ocasiones en décadas. Este es el caso de multitud de proyectos planteados en tiempos de guerra o que se han visto envueltos en procesos políticos inestables, y en los que las agendas de inversión pública han sufrido cambios drásticos en atención a diversos intereses. Cuando esto ocurre, es habitual que proyectos olvidados vuelvan a la vida de mano de nuevas agencias promotoras e instituciones financieras, las cuales, a pesar de contar con un proyecto diseñado al detalle, se encuentran con una realidad distinta, y sobre todo con diferentes estándares de calidad a la hora de gestionar sus impactos. Como si de un paciente que despierta tras un profundo coma se tratara, un proyecto que vuelve a la vida  tras un largo letargo ha de adaptarse a un entorno más exigente, en el que rigen nuevos códigos de conducta y convivencia más acorde a las nuevas necesidades. De este modo, lo que hace cuarenta años podría resultar como una práctica adecuada y proporcionada en la gestión socio-ambiental, bajo la óptica actual podría sentar las bases de un potencial conflicto social y político, y en última instancia avocar al proyecto al fracaso.

Lo que hace cuarenta años podría resultar como una práctica adecuada podría sentar las bases de un potencial conflicto social y político bajo la óptica actual.

Pensemos por ejemplo en la gran cantidad de elementos patrimoniales que yacen bajo las aguas, sin que nunca se llegara a plantear un plan de rescate arqueológico, y que sólo podemos disfrutar ante la desafortunada incidencia de una sequía. Es difícil pensar que a día de hoy se pueda acometer una iniciativa similar, inundado elementos arquitectónicos y sin que al menos se genere un debate político en busca de soluciones o medidas compensatorias. Y lo mismo ocurre con los procedimientos y medidas de compensación que millones de personas desplazadas vivieron hace décadas, sin oportunidad de ser consultados y sin que se pusiera en marcha programas integrales para restablecer o mejorar sus medios de vida. Y esto es precisamente lo que se pone de manifiesto a través de proyectos nunca ejecutados, cuya viabilidad fue evaluada hace décadas, y que al ser resucitados necesitan una importante actualización de cara a gestionar la nueva realidad y cumplir con nuevos estándares éticos y de calidad socio-ambiental. Algunas de estas experiencias en África Occidental nos muestran que prácticas habituales, muy arraigadas entre los años 50 y 70, como la de acompañar los desarrollos hidroeléctricos con planes de agricultura extensiva o con planes de desarrollo pesquero, han de ser reevaluadas bajo una nueva óptica, debido al altísimo coste que tales acciones pueden acarrear en términos de deforestación y alteraciones ecosistémicas.

Igualmente, la experiencia nos demuestra que la relación que se establece entre los pueblos y los recursos naturales es mucho más compleja de lo que un principio entendíamos y que, por tanto, no siempre es factible implementar cambios drásticos en las formas de vida sin amenazar su prosperidad en el largo plazo. La importancia de los procesos participativos y la comunicación efectiva, la preservación de lazos sociales y culturales, la dotación de infraestructura social o el valor paisajístico son alguno de los elementos que han hecho que los tradicionales planes de reasentamiento se conviertan en verdaderos planes integrales de gestión social y territorial, con importantes dotaciones presupuestarias y un complejo entramado institucional involucrado. Incluso los procedimientos dedicados a entender todos estos aspectos son ahora mucho más detallados, en la medida en que, por ejemplo, la viabilidad técnica del proyecto no es ya el único elemento sobre la mesa a la hora de lanzar un proyecto, sino que desde etapas muy tempranas se suelen encargar estudios específicos de viabilidad socio-ambiental, cuyo resultado puede llegar a ser vinculante. Ello, lejos de suponer un freno a la iniciativa pública de inversión, ha facilitado que tanto el sector público como instituciones financieras se impliquen cada vez más en proyectos que no solo cumplen con el objetivo de garantizar el acceso a energías limpias, sino que sirven como instrumento integral de desarrollo para las comunidades afectadas.

Indudablemente, el camino por recorrer es aún largo hasta que estas prácticas puedan considerarse como generalizadas o incluso idóneas, puesto que la mitigación de impactos tan severos como los que ejerce una presa deberán ser objeto de mayor investigación en el futuro y adaptación al caso concreto. Lo que sí está claro es que la experiencia de proyectos rescatados del olvido nos proporciona una visión histórica y la perspectiva del camino ya recorrido, el cual nos hace pensar con optimismo en el futuro. Con suerte, cuando el nivel de las aguas vuelva a bajar, no será la historia de un drama la que emerja sino la de una oportunidad para quienes la vivieron.

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